VOTO FEMENINO Y GOBIERNO DE LOS JUECES

 

 

Cuando allá por 1931, en la segunda república, Clara Campoamor, elegida diputada por Madrid por el partido Radical, defendió en el Parlamento español el sufragio femenino, es decir, que las mujeres pudieran votar en todas las elecciones, muchos parlamentarios de distintas ideologías y partidos políticos se la echaron encima, como Victoria Kent o Roberto Novoa, porque pensaban que una buena parte del voto femenino estaría dirigido o influenciado por la iglesia católica y, por tanto, sería un voto de derechas y contrario a la república.

Finalmente, la propuesta quedó aprobada por una mayoría simple: 161 votos a favor, 121 en contra y 188 abstenciones, una abstención muy superior a la de los votos favorables. Al parecer, había muchas dudas sobre si la mujer era capaz de elegir libremente a los representantes políticos.  De esto no hace ni noventa años, hoy en día, nadie duda de la capacidad de la mujer para elegir, entre otras cosas, porque poner en duda esa capacidad de libertad de las mujeres es anticonstitucional.

Clara Campoamor

Pero ustedes se estarán preguntando qué tendrá que ver el voto de la mujer con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es decir, con el órgano de gobierno de los jueces y, por tanto, de uno de los tres poderes del Estado: el Judicial, así reconocido en la Constitución de 1978, que en el punto 2 de su primer artículo dice lo siguiente:

“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.”

No dice que la soberanía nacional resida en los partidos políticos, ni que de estos emanen los poderes del Estado. Dice, de forma clara, que reside en el pueblo español, es decir en usted, en mí, en todos y cada uno de nosotros. Entonces, según el artículo 117 de la Constitución: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.”

La clave constitucional está, entonces, en que la justicia emana del pueblo y en la independencia de los jueces y magistrados respecto a los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo.

Es cierto que, a los miembros del poder legislativo, es decir, diputados y senadores, los elige el pueblo español, pero el pueblo español no elige al gobierno de los jueces, al CGPJ. Para muchos, como a los parlamentarios los elegimos nosotros, si los parlamentarios eligen a los miembros  del órgano de gobierno de los jueces, es como si los estuviéramos eligiendo nosotros mismos. Que para qué tantas elecciones, que nos vamos a cansar de votar, que no somos capaces de discernir qué juez o qué jueces deben ser los que dirijan el poder Judicial, y que, por lo tanto, los diputados y senadores deben encargarse de elegir, puesto que ellos sí entienden y, al fin y al cabo, han sido elegidos por el pueblo español.

Sinceramente, creo que negar a los españoles de a pie la capacidad de saber o de poder elegir a uno de los poderes del estado es hacernos a todos de menos. Lo comparo con el querer negar el voto a la mujer, hace 90 años, porque sería incapaz de elegir libremente y podría estar manipulada.

Por otro lado, la clave está en la palabra “independientes”. Difícilmente, uno de los poderes del estado, el judicial, será independiente de los otros dos, legislativo y ejecutivo, si a los miembros del poder judicial los eligen miembros de los otros dos poderes. Esta táctica, pactada entre partidos políticos, que se ha venido produciendo durante todo el periodo democrático, lo único que ha conseguido es prostituir la independencia del poder judicial. Si los partidos eligen a los jueces que deben dirigir el CGPJ, ¿dónde coños está la independencia judicial?, ¿dónde cojones está “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.”?

Repito una vez más, pensar que el pueblo español no está preparado para elegir al gobierno de los jueces, es hacernos a todos de menos, igual que se hacía de menos a las mujeres por no permitirlas votar hasta la segunda república, hasta bien entrado el siglo XX.

No se debe tener miedo a las elecciones, a los sufragios, a los referéndums, pues una sociedad que no se atreve a elegir su destino es una sociedad acomplejada y, por supuesto, menos libre.

En Arévalo, a diecisiete de octubre de 2020.

Luis J. Martín.