NUEVO VARAPALO JUDICIAL A SUAREZ-QUIÑONES, RELACIONADO CON LAS MACROGRANJAS.
Consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León.
Recientemente, el Tribunal Supremo no ha
admitido el recurso de casación de la Junta de Castilla y León (JCyL) contra la
sentencia de 11 de abril de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León que anuló en firme la exención concedida hace dos años por la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente a las macro explotaciones ganaderas intensivas, que
las libraba de la exigencia de someterse al proceso de licencia o autorización
ambiental, por lo que se anulaban, igualmente, los correspondientes periodos de
información pública e informes preceptivos de la comunidad autónoma. Exención
que se pretendía realizar a través del Decreto 4/2018 saltándose para ello el mayor rango la
Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Resumiendo, el consejero de Fomento y
Medio Ambiente de la JCyL pretendía favorecer la implantación de macro
explotaciones ganaderas en Castilla y León, sin la necesidad de realizar
Estudio de Impacto Ambiental y sin informar a la población que pudiera resultar
perjudicada por problemas de contaminación en suelos , agua o aire; evitando el periodo de información pública y, por tanto, impidiendo que cualquier perjudicado pudiera
estudiar la documentación y/o presentar alegaciones. Evitando, de esta manera,
la necesaria transparencia a la que las distintas Administraciones Públicas
están obligadas.
Macrogranja porcina cerca de Arévalo, (Ávila)
Juan Carlos
Suárez-Quiñones, aparte de ser
juez, es consejero de Fomento y Medio Ambiente de la JCyL. Ya
saben, se hizo tristemente famosete como consejero durante el gobierno de Juan
Vicente Herrera, por la frase "la administración soy yo" en una conversación con un empresario
constructor al que esa
"administración" solía adjudicarle alguna que otra obra pública.
¿Dimitió el letrado
consejero?, que va, ¿lo cesaron?, que va, que va. Eso sería reconocer un fallo
o error por parte de la Junta, algo impensable para una administración que, por
sus actos, debe creer a pies juntillas en el dogma de la infalibilidad y, por
ello, se lo aplica sin pudor alguno.
El autoritarismo
casposo y anacrónico a lo rey-sol del señor Suarez-Quiñones, nos
remonta a los años 60 del pasado siglo, cuando muchas cosas se hacían por
cojones, con un puñetazo sobre la mesa. El jurista consejero debería saber
que ir contra la transparencia y la legislación en materia medioambiental,
tiene consecuencias legales, que un Decreto no puede invalidar una Ley de rango
superior. Pero, una y otra vez y con un puñetazo sobre la mesa, recurre
sentencias de Tribunales de Justicia porque le contradicen en materia de caza,
de conservación de especies y de macro exploraciones porcinas. Con férrea
decisión, se empeña que se cace en Castilla y León, su feudo, sin las garantías
o estudios pertinentes que puedan avalar que la actividad cinegética no resulta
lesiva para determinadas especies o, también, que se instalen macro
explotaciones ganaderas sin necesidad de informar a los ciudadanos. Y eso, a pesar de
todos los varapalos judiciales recibidos.
Pero qué más da,
estamos en Castilla y León y no ha nacido el juez que le diga a nuestro
“dialogante” letrado consejero cómo se hacen las cosas en su feudo particular.
Y hasta es probable que diga o piense en la intimidad, que esta o esa otra
sentencia se la pasa por el forro de los cojones porque "la
administración soy yo". Debe ser por ello, que este consejero juez
letrado recurre todas las sentencias contrarias a su espíritu vanidoso particular, eso sí, desde su cargo público de consejero, por tanto,
con nuestro dinero, y las vuelve a recurrir, haciendo además "sus" normas que pretenden enmendar o poner un parche "legal" a las que los
tribunales tiran por tierra, con la intención de "validar" lo que la
Justicia ya ha sentenciado como ilegal.
Y ahí sigue el letrado
juez consejero en su cargo de servidor público, sí, de un público selecto.
Fracasa una y otra vez en sus intentos autoritarios de favorecer a unos pocos
en detrimento de la colectividad, pero no dimite, ni lo cesan...
¿Cese?, ¿estamos locos o qué?,
que va, que va. Esto es Castilla y León donde el caciquismo medioambiental y
contra natura está institucionalizado. Lo chocante es que el partido
Ciudadanos, socio de gobierno en la nueva JCyL de Fernández Mañueco, que
debería ejercer el control en cuanto a transparencia y métodos caciquiles o
corruptos, permita este sinsentido legal que intenta favorecer, por ejemplo, la
autorización de macrogranjas ganaderas sin ningún estudio de impacto ambiental
y sin informar a la población que pudiera salir perjudicada. O sea,
trasparencia administrativa cero con el apoyo de Ciudadanos, un partido en
caída libre por su apoyo incondicional a este tipo de socios que perpetúan actos poco o
nada democráticos.
Así nos va, así no avanzamos. Vaya castigo que tenemos, con este tipo de "servidores públicos" y con este tipo de alianzas partidarias.
Así nos va, así no avanzamos. Vaya castigo que tenemos, con este tipo de "servidores públicos" y con este tipo de alianzas partidarias.
Y así seguimos en
Castilla y León, a la cola de casi todo, aunque a la cabeza, eso sí, de la
despoblación rural y de la insensatez administrativa avalada ahora por partidos
“emergentes y trasparentes”.
En Arévalo, a veintitrés de febrero de 2020.
Luis J. Martín.
Luis J. Martín.
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