18 de julio.
Hoy se cumplen 90 años del
inicio de la guerra civil. Una contienda armada que causó la muerte de cientos
de miles de españoles, inocentes en su inmensa mayoría, y que encumbró a sus
causantes, culpables directos de la muerte de tantísimos inocentes.
También, hoy es el inicio de
la represión, porque en muchos lugares a los que no llegó la guerra, es decir,
en los que no hubo campo de batalla, como es el caso de nuestra tierra, se
produjo una brutal represión que asesinó a cientos de miles de personas
inocentes, por el mero hecho de ser, socialistas, republicanos o, simplemente,
simpatizantes con la causa republicana. Este tipo de represión, por causa
ideológica, se produjo en todo el territorio español, pero, de forma especial
por su cuantía, en la zona sublevada, lo que más tarde dio en llamarse
“nacional”.
Son muchos los bulos que se
han creado para justificar esta terrible contienda fraternal y son muchas
personas las que, aún hoy en día se los creen a pies juntillas. Por ejemplo,
que el gobierno de la república era una
dictadura comunista. Nada más lejos de la realidad: En el momento de declararse
la II República española, España vivía un periodo aperturista. Salía de una
dictadura que había sido impuesta conjuntamente por el general Miguel Primo de
Ribera y el monarca Alfonso XIII, mediante un golpe de estado en septiembre de
1923. Durante la dictadura de Primo de Ribera se prohibieron todos los partidos
políticos, excepto la “Unión Patriótica” creada por el nuevo gobierno golpista.
Esta dictadura se prolongó
entre 1923 y 1931, si bien, el último año, tras la dimisión de Primo de Rivera,
la monarquía intentó su salvación desesperadamente mediante un periodo
aperturista que se denominó “dictablanda”, en el que se fueron permitiendo de nuevo
los partidos políticos. Después de aquella maniobra, en la que la monarquía
pretendía perpetuarse, tras años convivencia con la dictadura, que el décimo
tercer Alfonso había promovido y defendido, la mayoría de los partidos eran de
ideario republicano, tanto los de derechas como los de izquierdas, llegando
todos ellos a firmar el pacto de San Sebastián, en agosto de 1930, cuyo
principal objetivo era derrocar la monarquía de forma pacífica, e instaurar una
república democrática y constitucional.
Finalmente, tras las elecciones municipales del día 12 de abril de 1931, en las que ganaron los partidos republicanos frente a los monárquicos, especialmente en las principales ciudades y capitales, el rey se ve obligado a renunciar a la corona huyendo a Francia. Finalmente se declara la II República el 14 de abril de 1931, con Niceto Alcalá-Zamora, líder del Partido radical Conservador como presidente. Se crea un Gobierno Provisional, integrado por representantes de izquierda, la derecha y nacionalistas, se amnistía a los presos políticos y se convocan elecciones generales para el 28 de junio de 1931, (por sufragio universal masculino, pues las mujeres, por aquel entonces, no tenían reconocido el derecho a voto, aunque sí podían presentarse como candidatas). Los comicios los ganan de forma abrumadora los partidos republicanos, se proclaman las Cortes Constituyentes con una amplísima mayoría de representes electos de izquierdas, que, aun así, mantienen la presidencia conservadora y aprueban la Constitución el 9 de diciembre de 1931, manteniendo como primer presidente constitucional de la República al conservador Niceto Alcalá Zamora, a pesar de que las fuerzas de izquierdas tenían sobrada mayoría absoluta.
El primer presidente del
gobierno republicano, después de aprobar la Constitución, es Manuel Azaña, de
Acción Republicana. Durante su presidencia se aprueban importantes leyes de
marcado carácter progresista, como la del divorcio, Reforma Agraria, Estatutos
de Autonomía, el laicismo en la educación o la disolución de la Compañía de
Jesús, pasando sus bienes al estado. Por lo que su mandato, que solo dura dos
años, es conocido como bienio reformista.
Todas estas medidas pretenden
modernizar a la sociedad española haciéndola más justa e igualitaria, pero chocan
frontalmente con los idearios los partidos conservadores, el ejército y los de
la Iglesia católica, hasta entonces unida al poder. Se resisten a admitir el laicismo en la
educación, el divorcio, la implantación del matrimonio civil, el reparto de tierras
de algunos latifundistas, la mejora de condiciones laborales para la clase
trabajadora, en especial la de los jornaleros del campo o los aires de
independencia de grupos nacionalistas. ¿Le suena esto a algo, amigo lector?
La aprobación de estas medidas
progresistas provoca el primer intento de golpe de estado el 10 de agosto de
1932, encabezado por el general Sanjurjo, conocido como la sanjurjada, y que, finalmente, pudo ser reprimido por las fuerzas
fieles al Estado, elegido democráticamente meses atrás y presidido por Manuel
Azaña. El general golpista es condenado a muerte, pero el gobierno de Azaña le
conmuta la pena por cadena perpetua.
Mientras tanto, en el congreso
se debate y, finalmente, se aprueba el derecho a voto de las mujeres. Las dos
protagonistas son Clara Campoamor, del Partido Republicano Radical, liderado
por Alejandro Lerroux, de ideología conservadora y favorable a la aprobación
del voto femenino, y Victoria Kent, del Partido Republicano Radical Socialista,
liderado por Marcelino Domingo, de ideología progresista, que se oponía al voto
de las mujeres por el temor a que pudieran ser influenciadas por la iglesia
católica, bastante reaccionaria a los cambios y partidaria de los partidos de
derechas.
Por otro lado, en el campo,
los trabajadores se desesperan con lenta la implantación de las medidas de la
reforma agraria, produciéndose varios levantamientos campesinos. El más grave, el
de Casas Viejas, en Cádiz, en enero de 1933, donde murieron dos guardias
civiles, un guardia de asalto y 23 campesinos.
Debido a esta tensión social, en septiembre del 33, Manuel Azaña, presidente electo del gobierno, presenta su dimisión a Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República. Tras dos intentos de gobiernos conservadores, que no obtienen la confianza del Parlamento, se convocan elecciones generales para el 19 de noviembre de 1933, con la novedad de que las mujeres podrán ejercer su derecho al voto por primera vez.
Las sospechas de los grupos
socialistas de que las mujeres, influenciadas por los curas desde el púlpito, inclinarían
la balanza hacia las candidaturas conservadoras de corte católico, se hizo
realidad: las elecciones las ganan por amplia mayoría los partidos
conservadores de centro y derecha. Niceto Alcalá-Zamora, como presidente de la
República, ofrece la formación del gobierno al líder del Partido Radical, el
conservador Alejandro Lerroux, que logra formar gobierno, apoyado en el
Parlamento por José María Gil-Robles, líder del partido conservador católico
CEDA, y ganador de las elecciones. El gobierno apoyado por la CEDA es conocido
como bienio radical cedista o bienio negro.
El gobierno de Alejandro
Lerroux, presionados desde el congreso por los cedistas de Gil-Robles,
paralizan todas las medidas de corte progresista aprobadas en el bienio
reformista de Azaña. Lo que provoca importantes conflictos sociales que son
reprimidos con dureza. También se paralizan las misiones pedagógicas impulsadas
desde el anterior gobierno, que durante los dos primeros años de la Republica
llevaron la cultura y el arte por multitud de pueblos españoles donde
difícilmente llegaban obras de los grandes autores del teatro clásico español,
películas de cine u obras de arte, en especial, copias de cuadros famosos y
esculturas del museo del Prado a tamaño original.
Lo que más altero los ánimos
de la clase trabajadora fueron las rectificaciones a las reformas laborales del
socialista Largo Caballero, anterior ministro de trabajo. También intentaron
aprobar una contrareforma laboral, exigida por la patronal y prometida en las
elecciones tanto por la CEDA de Gil-Robles, como por el Partido Radical
Republicano de Lerroux. Pero la movilización de la clase trabajadora y la
fuerza de los sindicatos como UGT y CNT, produjo una oposición frontal a las
contrarreformas, con una oleada de huelgas.
La reforma agraria tuvo dos
facetas importantes: por un lado, las expropiaciones a grandes terratenientes
continuaron el ritmo previsto, pero la Ley de Amnistía aprobada por el gobierno
de Lerroux, para perdonar a los que apoyaron el intento de golpe de estado del
general Sanjurjo, devolvió a la nobleza todas las tierras confiscadas por el
gobierno de Azaña. También consintió a los patronos agrarios castigaran con el
paro a los jornaleros que participaban en las protestas y que volvieran a bajar
los salarios que habían subido gracias a las medidas del anterior gobierno
progresista. Una vez más el gobierno de derechas pisoteaba los derechos y
mejoras conseguidos por la clase trabajadora y se ponía del lado de la minoría
poderosa. Algunos de estos terratenientes gritaban a los jornaleros “¡Comed
República!”, cuando les negaban el trabajo o expulsaban a los arrendatarios que
cultivaban sus tierras.
La Ley de amnistía aprobada por el gobierno de Lerroux, calentó aún más los ánimos de la clase trabajadora, Por lo que Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República retiró su confianza a Alejandro Lerroux, que dimitió, y encargó formar gobierno a Ricardo Samper que formó en segundo gobierno conservador el 28 de abril de 1934.
Pero esto no eran más que
formalismos. Mientras tanto, la mano dura represora de Salazar Alonso, ministro
de la Gobernación, prácticamente terminó con el movimiento sindical campesino.
Hubo más de diez mil detenidos, doscientos ayuntamientos de izquierdas fueron
sustituidos por gestores de derechas, impuestos por el gobierno, hubo varias
decenas de heridos entre la clase trabajadora y doce muertos.
Durante este bienio
conservador también hubo fuertes enfrentamientos con partidos nacionalistas. Se
paralizó el Estatuto de Autonomía del País Vasco y se intentó anular el
Concierto económico, lo que provocó el enfrentamiento con multitud de
ayuntamientos vascos, deteniendo a más de mil alcaldes y concejales,
sustituyendo a decenas de ayuntamientos por comisiones gestoras de derechas.
En Cataluña, también se
produjeron enfrentamientos entre viticultores trabajadores del campo y los terratenientes
propietarios de las tierras que cultivaban. La CEDA de Gil-Robles, que había
apoyado el gobierno de Lerroux y sus medidas represoras, acusó a Samper de ser
demasiado blando con los campesinos y le retiró su apoyo en el Congreso y
exigió su entrada en el gobierno de la República. Lo que motivó la dimisión de
Samper el 4 de octubre de 1934. No había durado ni seis meses como presidente.
Niceto Alcalá-Zamora encarga
formar gobierno a Alejandro Lerroux que es elegido presidente, de nuevo con el
apoyo de la CEDA, pero, en esta ocasión con tres ministros de esta organización
política de extrema derecha. Ante la pérdida de derechos y garantías laborales
conseguidas durante el gobierno socialista, este nuevo giro hacia la extrema
derecha reaccionaria e inmovilista, provoca la radicalización socialista, que
proclaman una huelga general revolucionaria que comenzaría el 5 de octubre a
las 0:00 horas. El principal líder socialista en ese momento era Francisco
Largo Cabalero, presidente del PSOE y secretario general de la UGT.
La revolución obrera tuvo poco
éxito y desigual seguimiento. En la zona minera de Vizcaya se alargó hasta el
12 de octubre, donde murieron, al menos, 40 mineros abatidos por las fuerzas
del orden.
En Cataluña, el presidente de
la Generalitat proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal
española, el 6 de octubre, pero esta medida no fue respaldada mayoritariamente
por la clase obrera, pues no contó con el apoyo de la CNT, principal fuerza sindical
en Cataluña. A pesar de la moderada intervención del ejército murieron ocho
soldados y treinta y ocho trabajadores. El estatuto de autonomía fue
suspendido, que no derogado definitivamente como exigía la CEDA.
Donde sí se produjo el intento de una auténtica revolución social fue en Asturias. Se ha denominado “Octubre Rojo”. La insurrección fue preparada con huelgas generales previas, y el aprovisionamiento de armas y explosivos procedentes de robos en algunas minas, con el adiestramiento de grupos armados en forma de milicias. Las milicias llegaron a contar con 20.000 obreros, casi todos mineros, que ocuparon las cuencas del Nalón y del Caudal y lograron el control de Avilés y Gijón. En Oviedo lo intentaron sin conseguirlo por completo. El comité revolucionario dirigió las operaciones, pero se le escaparon de las manos algunos actos de violencia extrema, contra religiosos, propietarios, gentes de derechas. Fueron asesinados 34 religiosos, quemadas 58 iglesias y conventos y dinamitada la cámara santa de la catedral de Oviedo.
El Gobierno de Lerroux,
encarga al general Franco frenar la rebelión, que termina con la rendición de
los últimos insurrectos el 18 de octubre. Para ello utilizó unos 18.000
soldados entre legionarios, militares regulares procedentes de África que
desembarcaron en Gijón el 7 de octubre y varias columnas procedentes de León y
Galicia y Santander, atacando el levantamiento obrero por los cuatro costados.
La represión gubernamental fue
dura y sangrienta. Murieron unas 1.400 personas: 1.100 civiles y 300 soldados.
Además, entre los insurrectos hubo más de 2.000 heridos y más de 30.000
detenidos de los que 23 fueron condenados a muerte, aunque solo se ejecutó a
dos de ellos, pues el presidente de la República conmutó la pena a 21 de ellos
por cadena perpetua. Algunos de los 1.100 civiles muertos fueron previamente
torturados y después ejecutados sin juicio ni garantías.
La derrota de la revolución de
octubre, dio a la CEDA alas para intentar conseguir la presidencia del gobierno
de la República y eliminar las medidas reformistas progresistas del gobierno de
Azaña. En abril de 1935 los tres ministros de la CEDA provocaron una nueva
crisis de gobierno al negarse a aprobar la conmutación de la pena de muerte a
dos de los dirigentes socialistas de la revolución de Asturias, presentada por
Niceto Alcalá-Zamora, como bien sabemos, presidente de la República. Alejandro
Lerroux, el 6 de mayo de 1935, se ve obligado a formar un gobierno con cinco
ministros de la CEDA, mayoría suficiente para hacer y deshacer a su antojo en
el consejo de ministros. Quedando relegado el presidente del consejo de
ministros, Lerroux, a una simple figura de paja.
Entonces, sí empiezan a tomar
de forma severa medidas contra las reformas progresistas e igualitarias del gobierno
de Azaña, devolviendo a patronos y terratenientes los derechos perdidos. De
hecho, Nicasio Velayos, ministro de agricultura y encargado de la llamada Ley para
la Reforma de la Reforma Agraria, aprobada el 1 de agosto de 1935, es uno de
los grandes terratenientes de España.
Además, más de 2.000
ayuntamientos socialistas y de izquierdas fueron sustituidos forzosamente por
comisiones gestoras nombradas por gobierno de extrema derecha. Los más perjudicados,
trabajadores y jornaleros que tuvieron que aceptar salarios más bajos para poder
trabajar o el aumento de horas laborales. Un enorme e injusto retroceso social
y laboral. Miles de obreros fueron despedidos por haber participado en alguna huelga
o, simplemente, por pertenecer a un sindicato.
Militarmente, se reforzaron
las relaciones del ejecutivo con el ejército, adjudicando a militares fieles al
ideario ultraderechista y de dudosa lealtad a la República, puestos clave en el
organigrama militar: El general Mola fue el jefe militar del ejército en
Marruecos. El general Fanjul fue nombrado subsecretario del ministerio de
Guerra, cuyo ministro era el propio líder de la CEDA, Gil-Robles. Y el general
Franco ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército, como recompensa a
la cruel represión que dirigió en la revolución de Asturias. Por otro lado, los
militares fieles a la república fueron apartados de sus cargos o represaliados.
La extrema derecha encabezada
por Gil-Robles quiso reformar la Constitución de 1931, pero no contó con los
apoyos necesarios, lo que provocó una crisis de gobierno. Niceto Alcalá-Zamora,
como presidente de la República, sustituyó al presidente del Consejo de
Ministros, Alejandro Lerroux, por un empresario liberal de su confianza,
Joaquín Chapaprieta, formando un nuevo gobierno radical-cedista que mantenía
como ministros a Lerroux y a Gil-Robles.
Pero fue muy efímero. El 25 de
octubre Lerroux se ve obligado a dimitir, salpicado por la corrupción del
estraperlo. El resto de ministros radicales lo harían poco después, en
noviembre, salpicados también por la corrupción en el comercio con las colonias
españolas en África.
José María Gil-Robles retira su apoyo al gobierno de coalición y exige al presidente de la República, que lo nombre presidente del Consejo de Ministros. Pero Niceto Alcalá Zamora se niega a otorgar tanto poder a un partido de extrema derecha que no había proclamado su lealtad a la II República y encarga formar gobierno a Portela Valladares, liberal de su confianza que, el 15 de diciembre de 1935, forma un nuevo gobierno que no logra la confianza de las Cortes. Por lo que, ante este callejón sin salida, Alcalá-Zamora se ve obligado a disolver las cortes el 7 de enero de 1936 y convocar elecciones generales para el 16 de febrero, que, en esta ocasión fueron ganadas por una coalición formada por los principales partidos de izquierdas.
La coalición de partidos de la
izquierda republicana y socialista, encabezada por Manuel Azaña, se denominó
Frente Popular. Estaba formada principalmente por su propio partido, Izquierda
republicana, el PSOE de Indalecio Prieto y Largo Caballero, y el Partido
Comunista de España, entre otras fuerzas republicanas de ideario centrista o
conservador, como el Partido Republicano Radical de Lerroux y otras que
abandonaron el pacto al entrar en el mismo los comunistas. Cerrándose
definitivamente la coalición del Frente Popular el 15 de enero de 1936.
Las elecciones del 16 de
febrero tuvieron una gran participación. Ganó el Frente Popular obteniendo la
mayoría absoluta con 263 escaños, frente a los 156 de la derecha cedista y a
los 54 del centro apoyados por Alcalá-Zamora. Otras fuerzas de corte fascista
como la Falange Española y de las JONS, encabezada por José Antonio Primo de
Ribera, hijo del anterior dictador, consiguieron muy pocos votos y no
obtuvieron ningún diputado.
Ante esta clara y abrumadora victoria de la coalición de fuerzas de izquierdas, José María Gil Robles pide al presidente en funciones del Gobierno, Portela Valladares, que declare el estado de guerra y anule el resultado de los comicios. También el general Franco, Jefe del Estado Mayor del Ejército, ordena a los mandos militares que declaren el estado de guerra, con lo cual el poder pasaría directamente a las autoridades militares.
Pero, afortunadamente, ambos
son desautorizados rápidamente por el presidente en funciones. Que, ante tales
intentos de la ultra derecha católica de la CEDA, como de los más altos cargos
militares de usurpar el poder a través de un golpe de fuerza, adelanta el
traspaso de poder, previsto para el 1 de marzo al 19 de febrero, momento en que
Manuel Azaña forma un nuevo gobierno ya pactado previamente con todas las
fuerzas integrantes del Frente Popular.
Ante el riesgo de golpe de
estado, una de las primeras decisiones del nuevo gobierno es alejar del poder a
los militares contrarios al ideario republicano. Goded es enviado a Baleares,
Franco a Canarias, Mola a Pamplona y otros como Fanjul quedan en situación de
disponibles.
Varias fueron las decisiones,
pactadas previamente por todas las fuerzas de izquierdas y tomadas rápidamente
por el nuevo gobierno. Entre ellas, la amnistía a todos los condenados por la
revolución obrera de octubre, que supuso la libertad para unos treinta mil
presos políticos y sociales. También se repuso en sus puestos a los alcaldes y
concejales elegidos democráticamente en 1931 y suspendidos de sus cargos
durante el bienio negro. Y oblogó a la patronal a readmitir en sus puestos de
trabajo a los obreros despedidos a consecuencia de la revolución de octubre.
También se repuso en sus funciones al Parlamet de Cataluña y a todos los
políticos encarcelados y a los alcaldes de pueblos y ciudades vascas que habían
sido apartados de sus cargos electos. Es decir se restableció rápidamente la
normalidad democrática y constitucional, herida de muerte por el anterior
gobierno radical-cedista. También se puso de nuevo en vigor la ley de reforma
agraria de 1932, gracias a lo cual, entre marzo y julio de 1936 se pudieron
conceder tierras a más de 100.000 campesinos.
El 7 de abril, se sometió a votación la permanencia de Niceto Alcalá- Zamora como presidente de la República perdiendo la confianza de la cámara y fue destituido por el parlamento. El 26 de abril se produjo la correspondiente votación para elegir al nuevo presidente de La República ganando ampliamente Manuel Azaña. Por lo que tuvo que abandonar la presidencia del gobierno, y proponer, primero al socialista Indalecio Prieto para el cargo, que fue rechazado por miembros de su propio partido, y después a Santiago Casares Quiroga, hombre de confianza de Azaña, que finalmente fue elegido presidente del gobierno el 13 de mayo.
El nuevo presidente del gobierno
siguió recuperando las medidas progresistas derogadas o modificadas durante el
bienio negro y aprobando otras que se habían quedado en el tintero. Pero los
ánimos estaban muy exaltados, los trabajadores querían recuperar sus derechos
rápidamente, convocando huelgas y movilizaciones. Y mientras tanto, los
partidarios de la CEDA o de la Falange pretendían acabar con el gobierno
socialista por la fuerza, incluso, con las armas, “la dialéctica de los puños y
las armas”, pues José Antonio Primo de Ribera, fundador de la Falange Española
y de las JONS, en su discurso fundacional de 1933, proclamó que la violencia
era un recurso legítimo para destruir el sistema democrático y parlamentario de
la República. Recuerde usted, amigo lector, que su partido se presentó a las
elecciones de febrero de 1936 y no obtuvo ni un solo escaño, pero, aun así, se
sentía legitimado para acabar con la democracia usando la violencia.
Esta exaltación provoca algunos sucesos violentos lamentables como en asesinato del temiente García Castillo por parte de grupos armados de la derecha, o el de Calvo Sotelo por grupos armados de la izquierda ocurridos el 12 y el 13 de julio respectivamente. ¿Esto fue la causa para lo que pasó a los pocos días?, en absoluto. La preparación de un golpe militar por parte del ejército llevaba tiempo fraguándose entre sus filas. Así, el 17 de Julio Franco pasó de Canarias a Melilla, donde se inició la rebelión militar. Y al día siguiente, el 18 de julio de 1936, se extendió por una buena parte del territorio peninsular. Los militares rebeldes no consiguieron el control de todas las capitanías generales, pues algunas permanecieron leales a la II República, a la Democracia.
La guerra había comenzado. Y con ella llegaron cientos de miles o millones de muertos, asesinados, desaparecidos, torturados, represaliados y humillados.
En Arévalo, a dieciocho de julio de 2026.
Luis J. Martín.
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